En poco más de dos meses, el PJ sanjuanino pasó del rechazo disciplinado a la libertad de acción. El oficialismo, sin embargo, consiguió aprobar sus tres proyectos centrales y amplió su margen de negociación legislativa.
Financiamiento: el primer quiebre
La primera votación relevante ocurrió el 4 de junio, cuando la Cámara trató una autorización de financiamiento por hasta 600 millones de dólares. La conducción del Partido Justicialista planteó un rechazo orgánico, pero seis legisladores identificados con el espacio acompañaron al oficialismo.
El proyecto fue aprobado por 23 votos contra 12. Eduardo Cabello, Leopoldo Soler, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Franco Aranda y Gabriel Sánchez se apartaron de la posición partidaria. El resultado abrió cuestionamientos internos sobre la capacidad de la conducción para ordenar a sus representantes.
Desarrollo minero y acuerdo con Vicuña
Un mes después, el PJ modificó su estrategia frente a la Ley de Desarrollo Local Minero. Decidió acompañarla para no quedar asociado a una posición de bloqueo sobre una actividad central para San Juan. La iniciativa obtuvo 33 votos favorables y dos negativos, correspondientes a Mario Herrero y Graciela Seva.
El tercer episodio fue el acuerdo con Vicuña Argentina, tratado el 19 de agosto. El partido había difundido cuestionamientos institucionales, pero finalmente dejó libertad de acción. La ratificación terminó con 27 votos positivos y nueve negativos.
Eduardo Cabello, Cristina López, Jorge Castañeda y Miguel Vega acompañaron el convenio. Quiroga Moyano, Sonia Ferreyra, Fernanda Paredes, Marisa López, Emilio Escudero y Stella Caparrós integraron el rechazo junto con legisladores de otros bloques.
Una oposición con menor capacidad de bloqueo
Las tres votaciones muestran que el oficialismo puede construir mayorías con aliados estables y apoyos variables del peronismo. También revelan que la estrategia del PJ cambia según el tema, pero no alcanza hasta ahora para impedir la aprobación de los proyectos prioritarios del Ejecutivo.
La pérdida de capacidad de bloqueo no equivale necesariamente a una ruptura definitiva. El partido conserva representación territorial y peso legislativo, aunque debe administrar diferencias entre dirigentes, sindicatos y departamentos con intereses distintos.
El desafío será definir reglas internas que permitan sostener posiciones comunes sin desconocer esas demandas. Para el Gobierno, el escenario refuerza una imagen de gobernabilidad, pero cada nueva ley continuará necesitando negociación voto por voto.
