Marcelo Orrego celebró la aprobación del acuerdo con Vicuña y cuestionó a los nueve diputados que votaron en contra. El PJ respondió que sus objeciones se refieren al procedimiento, los controles y el precedente para futuros proyectos.
El mensaje del gobernador
Tras la sesión especial del 19 de agosto, el gobernador Marcelo Orrego difundió un mensaje en el que calificó la aprobación del convenio con Vicuña Argentina como un paso histórico. La Cámara de Diputados ratificó el Acta Compromiso por 27 votos afirmativos y nueve negativos.
Orrego afirmó que algunos legisladores “quieren dejar a la provincia en el atraso” y contrapuso esa posición con la mayoría que acompañó el proyecto. También sostuvo que el aporte previsto permitirá ejecutar obras antes de que el emprendimiento minero comience a producir.
El acuerdo contempla un desembolso fijo de hasta 250 millones de dólares, definido como no reembolsable y no compensable, además de un fideicomiso de infraestructura financiado con un aporte equivalente al 1,5% de la futura facturación.
Las objeciones de la oposición
El presidente del PJ sanjuanino y titular del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, rechazó que la discusión pueda reducirse a estar a favor o en contra del progreso. Explicó que su voto negativo respondió a la falta de participación opositora en la elaboración del texto y a las dudas sobre el antecedente que el convenio podría establecer para otras empresas.
Quiroga Moyano también reclamó mayor margen para introducir modificaciones antes de la votación. Otros legisladores opositores plantearon interrogantes sobre los mecanismos de control y la capacidad de futuras legislaturas para revisar decisiones asociadas al desarrollo minero.
El oficialismo sostuvo, por su parte, que el acuerdo fue explicado por funcionarios provinciales en las comisiones y que los recursos serán administrados y auditados por el Estado mediante la normativa vigente.
Del cruce político a la ejecución
La controversia enfrenta dos lecturas. Para el Gobierno, el convenio anticipa infraestructura sin generar deuda provincial y permite vincular el desarrollo minero con rutas y servicios. Para quienes lo rechazaron, la amplitud económica y temporal del instrumento exige controles y una discusión institucional más extensa.
La etapa siguiente ofrecerá elementos para evaluar ambas posiciones. El Ejecutivo deberá publicar proyectos, costos, plazos y contrataciones. La Legislatura y los organismos de control podrán seguir la ejecución y verificar el destino de los fondos.
Hasta que esos actos administrativos se concreten, los anuncios de obras constituyen objetivos oficiales y no trabajos iniciados. El debate seguirá centrado en la transparencia, la participación local y el cumplimiento de los compromisos.
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