El Gobierno provincial, la Corte de Justicia y organismos vinculados con la protección de la niñez comenzaron a coordinar la aplicación de la Ley 27.801. La norma incorpora al sistema penal a adolescentes desde los 14 años, pero San Juan todavía debe adaptar su procedimiento y resolver dónde alojará a los menores que eventualmente sean privados de su libertad.
San Juan comenzó a definir cómo implementará el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia en todo el país el próximo 5 de septiembre.
Representantes del Gobierno provincial, la Justicia, Seguridad y organismos de protección de derechos mantuvieron una primera reunión para analizar los cambios que exigirá la Ley Nacional 27.801, que reemplaza el sistema tutelar vigente desde 1980.
Uno de los principales cambios es la reducción de la edad de responsabilidad penal: el nuevo régimen alcanzará a adolescentes de 14 a 18 años que cometan delitos contemplados en el Código Penal.
Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley nacional no resuelve automáticamente cómo deberán tramitarse esos casos en San Juan. La provincia todavía no posee un Código Procesal Penal Juvenil completamente adaptado al sistema acusatorio previsto por la nueva normativa.
Una reglamentación provisoria
La Corte de Justicia trabaja en una acordada para establecer un procedimiento transitorio que permita aplicar la ley desde el 5 de septiembre.
El presidente del máximo tribunal provincial, Daniel Olivares Yapur, explicó que el procedimiento juvenil vigente en San Juan responde a un sistema inquisitivo mixto, en el que la investigación se encuentra principalmente bajo la responsabilidad del juez.
La nueva ley nacional, en cambio, fue elaborada sobre la base del sistema acusatorio, donde la investigación queda a cargo del fiscal y el juez actúa como garante del proceso.
Frente a esa diferencia, la Corte prepara una reglamentación intermedia para que los magistrados puedan aplicar el régimen mientras se estudia y sanciona un Código Procesal Penal Juvenil específico para la provincia.
La transición también deberá coordinarse con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, las fuerzas de seguridad y los organismos responsables de la protección de niños y adolescentes.
La primera reunión entre Gobierno y Justicia
El encuentro preliminar se realizó en la Asesoría Letrada de Gobierno y estuvo encabezado por el asesor letrado general, Alejandro Ferrari.
Participaron la jueza Penal de Niñez y Adolescencia María Julia Camus; el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí; el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba.
También estuvieron el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina; y el asesor letrado adjunto Facundo Rojas Clariá.
Durante la reunión se identificaron los primeros aspectos que necesitan coordinación y se acordó convocar a una mesa ampliada de trabajo. Ese nuevo encuentro se realizaría durante la próxima semana, aunque todavía no tiene fecha confirmada.
“El objetivo es coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina”, manifestó Ferrari.
La privación de la libertad será el último recurso
La incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal no significa que todos los acusados deban quedar detenidos.
La Ley 27.801 contempla medidas socioeducativas, mecanismos alternativos para resolver conflictos y herramientas de justicia restaurativa. La privación de la libertad deberá utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible.
Los adolescentes también deberán contar con defensa técnica, recibir información comprensible sobre el proceso y permanecer separados de las personas adultas privadas de su libertad.
San Juan todavía no tiene un lugar específico de alojamiento
Uno de los principales problemas que deberá resolver el Poder Ejecutivo es dónde serán alojados los adolescentes que eventualmente reciban una medida de privación de la libertad.
Olivares Yapur confirmó que no podrán ser trasladados al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, ya que la ley exige un establecimiento especializado y separado de los adultos.
El presidente de la Corte también reconoció que San Juan no dispone actualmente de un espacio que reúna esas características y señaló que el Gobierno provincial trabaja en una alternativa.
Este punto será central para la implementación. No se trata solamente de disponer un edificio, sino de contar con personal especializado, asistencia psicológica y social, continuidad educativa, seguridad y programas orientados a la reinserción.
Una implementación contrarreloj
La nueva ley comenzará a regir apenas tres días después de la primera reunión formal difundida por el Gobierno provincial.
San Juan deberá aplicar desde el 5 de septiembre un régimen nacional diseñado para un procedimiento acusatorio, mientras prepara reglas transitorias, capacita a sus operadores y analiza la creación de un Código Procesal Penal Juvenil propio.
Además de establecer responsabilidades penales, la implementación deberá garantizar los derechos de los adolescentes, la protección de las víctimas y la seguridad de la comunidad.
La coordinación iniciada entre el Ejecutivo y la Justicia representa el primer paso. Ahora quedará por definir el procedimiento concreto, los recursos necesarios y la infraestructura con la que contará la provincia para cumplir la nueva ley.
