San Juan no cobrará por ahora la atención médica no urgente a extranjeros sin residencia. El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, confirmó que la Provincia mantendrá el acceso gratuito y se diferenciará de la medida adoptada por el Gobierno nacional para establecimientos bajo su jurisdicción.
La decisión se apoya en los registros del sistema sanitario provincial. Durante los últimos tres años se contabilizó un promedio de 102 consultas anuales de personas extranjeras, una cantidad considerada marginal frente al volumen total de prestaciones.
Una decisión basada en la demanda real
Dobladez sostuvo que cualquier modificación debe realizarse con información concreta y no a partir de percepciones. El Gobierno continuará midiendo las consultas antes de implementar un sistema de cobro que podría generar más costos administrativos que ingresos.
La medida nacional no obliga a San Juan porque los hospitales provinciales dependen del Ejecutivo local. La Provincia conserva autonomía para definir requisitos, aranceles y criterios de acceso dentro de su red pública.
La minería podría cambiar el escenario
El ministro advirtió que el crecimiento minero puede incrementar la llegada de trabajadores extranjeros. Si las 102 consultas promedio se duplican o triplican, Salud revisará la política y evaluará mecanismos para evitar que el sistema público absorba costos privados.
Dobladez diferenció al turista que requiere asistencia ocasional del trabajador contratado por una empresa. En este último caso, sostuvo que la compañía empleadora debería garantizar la cobertura sanitaria correspondiente.
Acceso gratuito, pero bajo seguimiento
Por el momento no habrá un arancel general. Salud considera que la atención sin cargo también forma parte de la política turística y que la demanda extranjera actual no representa una presión relevante.
La discusión deberá incluir urgencias, tratamientos prolongados, seguros, convenios y mecanismos de recupero de costos. Un esquema improvisado puede levantar barreras de acceso; uno inexistente podría trasladar gastos empresariales al Estado si la actividad minera modifica la composición de la población.
San Juan eligió esperar y medir. El desafío será publicar periódicamente esos datos y definir con anticipación qué indicadores activarían un cambio, para que la decisión futura no dependa de una reacción coyuntural.
